Amplían denuncia contra el alcalde de San Vicente

Jueves 17 de mayo de 2018
Una denuncia penal contra el intendente Waldomiro ‘Valdir’ Dos Santos, de la localidad de San Vicente, por supuesta defraudación y malversación de fondos públicos, fue ampliada con nuevos testimonios que complicarían su situación. 
La concejal Clelia Carballo,  los diputados del Partido Agrario y Social (Pays) Martín Sereno e Isaac Lenguaza y el dirigente Héctor Cacho Bárbaro son los impulsores de la causa por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, que había sido abierta el 2 de junio de 2016 y que determinan el faltante de al menos 20 viviendas  con fondos nacionales destinadas a las comunidades mbya. 

$23

Millones. Aproximadamente es lo que se había presupuestado para las obras en tres comunas, incluyendo las de San Vicente.

42

Viviendas. Estaban destinadas a la comunidad Guiraí, pero según la edil Carballo solamente se ejecutaron 22, con un faltante de 20.

De acuerdo a lo que remarcó la concejal en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, “todo tuvo origen en 2016, cuando constatamos que había viviendas que habían sido adjudicadas a pueblos originarios de tres municipios, pero en San Vicente no se habían completado la cantidad de casas previstas aunque los fondos habían llegado desde la Nación como correspondían”. 
“Los recursos llegaron desde Nación por intermedio del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) porque esa era la forma de ejecución de la obra. Sin embargo, del total de 283 viviendas previstas (divididas en los tres municipios), al final sólo se concluyeron 260, es decir, que faltaron 23 en distintas comunidades originarias y, de estas casas, sabemos que 20 faltaron en San Vicente”. 
El Programa Federal de Viviendas y mejoramiento de Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales era financiado por la Nación. En San Vicente, estaba prevista la construcción de las casas en las comunidades Paí Antonio Martínez y Guiraí. 
De acuerdo a la concejal, “el faltante se detectó en esta última comunidad, donde debían construirse 42 casas y solamente se construyeron 22, con un faltante de 20”.
“Cuando notamos el faltante, previo a hacer la denuncia, fuimos al lugar, constatamos eso, hablamos con quienes viven en las comunidades y  ellos nos manifestaron la situación y nos dijeron que también  los preocupaba”, argumentó la edil. 
Este matutino intentó comunicarse con el intendente Dos Santos, aunque no pudo tomar contacto con él. 

Pedidos de informes
Carballo indicó que en su momento pidió informes mediante proyectos en el Concejo Deliberante sobre lo ocurrido e, incluso, solicitó la interpelación del alcalde, aunque sus pares nunca dieron lugar a esto último.
“Cuando vimos que no había intención de investigar en el Concejo, decidimos ir a la Justicia con una denuncia penal”, exclamó la edil. 
Empero, según la edil, desde la Municipalidad argumentaron el faltante de viviendas con la llegada incompleta de los fondos de Nación. Remarcaron que por ese motivo no se habían podido completar la cantidad de casas en las comunidades.
Sin embargo, desde el Pays aseguraron haber corroborado la llegada de todo el financiamiento en tiempo y forma. 
Con documentos analizados del Iprodha, los dirigentes constataron que se había realizado correctamente la remisión del dinero a los municipios, por lo que la responsabilidad recayó en manos de los intendentes encargados de la ejecución de las viviendas en las comunidades.
“Se declaró en su momento que, de unos 23.882.400 pesos presupuestados, el gobierno nacional solamente había enviado alrededor de 17 millones. Pero nosotros comprobamos, incluso con los mismos balances de la Municipalidad, que en realidad los recursos llegaron por completo”, manifestó la concejal. 

Las nuevas pruebas
“Hoy, a casi dos años de radicada la denuncia inicial, aportamos más datos, pruebas y testimonios de personas que tendrían información respecto a lo ocurrido. Ahora esperamos que la Justicia federal se expida al respecto”, especificó la concejal.
Asimismo, remarcó que todo  esto “está en materia judicial, hicimos la presentación de un escrito donde indicamos quiénes son las personas que aportarían los testimonios y nosotros seguiremos en el rol de fiscalizadores de lo que tiene que ver con lo público”. 
“Son declaraciones de personas que fueron testigos de ciertas manipulaciones de la obra, son quienes hablarían desde su lugar y contarán lo que vivieron mientras se ejecutaba la obra”, detalló. 
Al tiempo que concluyó: “Esperamos que la Justicia actúe y corrobore esto, con las declaraciones testimoniales y documentaciones que presentamos”. 

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