Cristina, sus hijos y Lázaro Báez al borde del juicio oral en la causa Hotesur

Lunes 8 de octubre de 2018 | 17:50hs.
La Sala I de la Cámara Federal confirmó el procesamiento en la causa Hotesur de Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez, dejando a todos a un paso del juicio oral. La resolución lleva la firma de los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

En los fundamentos sostienen que hubo "un pacto asociativo entre Néstor Kirchner y Lázaro Báez, junto a otros integrantes con posiciones clave dentro de la estructura administrativa del Poder Ejecutivo, a partir de mayo de 2003, a fin de apoderarse de los fondos destinados a la realización de obra pública vial en la Provincia de Santa Cruz, al que la encartada (Cristina Kirchner) se habría sumado en diciembre de 2007, al momento de suceder a Néstor Kirchner en la primera magistratura".

La Cámara Federal estableció que "es razonable inferir" que las sumas de dinero que recibía Báez de la obra pública "fuesen repartidas o distribuidas entre sus principales socios. Esto es, los ex mandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y Lázaro Báez (de la asociación), que en principio era quien recibía los beneficios derivados de los ilícitos cometidos".

Con este paso cumplimentado, el juez Julián Ercolini está en condiciones de dar por cerrada la causa y elevar la causa a juicio oral.

El caso

Hotesur fue adquirida en 2008 por Néstor Kirchner, con 2 millones de dólares que el entonces ex presidente compró en los días de mayor tensión en el mercado financiero a causa de la crisis en donde el precio se depreciaba y fugaban las divisas.

La empresa administraba los hoteles de Cristina Kirchner y su familia, incluido el Alto Calafate, el hotel de lujo que utilizó Lázaro Báez para una maniobra de alquiler de habitaciones. El empresario patagónico garantizó el pago de 935 plazas por mes, durante 2010 y 2011, sin importar si sus empleados usaban esas reservas o no, ni si se trataba de temporada alta o baja.

La causa penal comenzó en noviembre de 2014 con una denuncia que hizo la ex diputada Margarita Stolbizer por supuestas irregularidades de la firma ante la Inspección General de Justicia (IGJ). En esos registros figuraba que Hotesur adeudaba balances y detalles de la composición del directorio.

La denuncia recayó en manos del juez federal Claudio Bonadio, que en noviembre de 2014 ordenó el allanamiento de la sede de Hotesur en la Capital y se encontró una oficina vacía. Fue la primer causa que comenzó a complicar seriamente a la ex presidenta.

A mediados de 2015, Bonadio fue expulsado del expediente después de ordenar una serie de allanamientos en Santa Cruz. Justo en ese momento la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, hizo lugar a un pedido de nulidad de Romina Mercado, en base a unos peritajes contables que no habían podido ser controlados por la defensa.


Fuente: Infobae.com

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