Desde enero, policías robaron casi 40 armas incautadas por la Justicia

Jueves 25 de abril de 2019
Los depositos judiciales fueron allanados hace poco más de un mes.
Carlos Cardozo

Por Carlos Manuel Cardozo fojacero@elterritorio.com.ar

Hace poco más de un mes, dos sargentos de la Policía de Misiones que prestaban servicios en los juzgados de Instrucción de Eldorado fueron detenidos junto a Oscar Alberto Ríos, conocido delincuente que purgó una pena por homicidio y la mujer de éste, acusados por asociación ilícita.
Los efectivos señalados, como viene informando este medio, son Diosnel Sebastián V. -sargento ayudante- y Marcelino Segundo S. -sargento-, quienes aún continúan tras las rejas a disposición del juez Miguel Ángel Guerrero, quien lleva el proceso judicial en su contra.
La investigación, llevada adelante por Gendarmería Nacional y autoridades del Juzgado Federal de esa localidad, recogió varios elementos que establecieron que  los tres hombres formaban una organización dedicada a una amplía gama de delitos: narcotráfico, venta de vehículos adulterados y billetes apócrifos, además de la comercialización de las armas incautadas en procesos judiciales del fuero penal.
Esto causó un escándalo institucional de proporciones, debido a que los funcionarios públicos estaban encargados del depósito judicial donde se guardan estos elementos y eran los únicos con acceso a esos lugares. Lo que hacían eran robarlas - al parecer en horarios nocturnos - para luego comercializarlas, casi siempre en la frontera seca. Es que Ríos es oriundo de Bernardo de Irigoyen. 

Las armas robadas
El Territorio pudo saber en base a fuentes con acceso al expediente que desde enero al momento que fueron detenidos -23 de marzo-, los dos efectivos se hicieron con 38 armas de diferente calibre. Esto quiere decir que no se trató de un hecho aislado ni mucho menos, sino de una maniobra casi sistemática. Al parecer, los efectivos no tenían ni el mínimo temor de ser descubiertos.
Los voceros aclararon que este número se desprende de los análisis de las comunicaciones de los investigados, quienes tenían los teléfonos intervenidos. Esto quiere decir que pueden haber sustraídos más armamento, que no fue nombrado en sus comunicaciones telefónicas. Tampoco está establecido si todas ellas fueron comercializadas.
Como ya se desarrolló en ediciones anteriores, la investigación sobre la organización, acusada por “asociación ilícita”, empezó en noviembre del año pasado debido a los vínculos del civil involucrado con el narcotráfico. Los pesquisas detectaron así dos protagonistas más en las maniobras y cuando avanzaron sobre sus líneas telefónicas descubrieron que eran policías.
El Territorio pudo establecer que todo se inició mediante información de Administración para el Control de Drogas​ (DEA) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Paraguay, que fue cedida a la Agencia Nacional de Inteligencia (AFI). Personal de la AFI participó de los procedimientos ocurridos el mes pasado.
Además de las detenciones, el juez Guerrero ordenó nueve allanamientos en diferentes puntos de Eldorado y Puerto Piray, incluyendo los depósitos judiciales de los juzgados  de Instrucción Uno y Dos y el Tribunal Penal Uno local. En poder de la banda se secuestraron catorce armas y 200 municiones, además de tres vehículos, cuatro motos, diez teléfonos celulares, computadoras y pendrives. En cuanto al dinero, el saldo final arrojó 122.000 pesos en diferentes divisas.
En la continuidad del proceso, trascendió que los dos efectivos decidieron abstenerse de declarar en indagatoria, mientras que los dos civiles expusieron su versión de los hechos.

La denuncia del 2015, una alerta que nadie oyó

Más allá de los datos que arrojó la investigación, el 25 de marzo este medio dio a conocer de forma exclusiva una denuncia de 2015 que indicaría que el robo de armas había empezado mucho antes. Fuentes calificadas de la Policía de Misiones revelaron que el 19 de mayo de ese año se hizo una denuncia por faltante armas de fuego y proyectiles que deberían estar alojados en el depósito judicial, en este caso del Juzgado de Instrucción Dos, que está a cargo de la jueza Nuria Allou. Según se especificó, el faltante detectado fue el de una pistola, un pistolón calibre 40 y dos revólveres. La presentación la hizo una trabajadora del Poder Judicial que se desempeña en esa sede ante la fuerza provincial, la cual quedó asentada en el sumario 270/15. Es así que le dieron intervención al Juzgado de Instrucción Uno, presidido por Roberto Saldaña, aunque no se registraron mayores avances. Tampoco desde la Policía, como queda expuesto, indagaron sobre las acciones de sus integrantes.


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