Ejército de EE.UU. desiste de echar de sus filas a inmigrantes

Viernes 10 de agosto de 2018
El ejército de Estados Unidos suspendió, al menos de forma temporal, el despido de reclutas inmigrantes que se alistaron buscando una vía para obtener la ciudadanía.
Un memorándum, fechado el 28 de julio, detalla las órdenes dadas a oficiales de alto rango del ejército para que dejen de procesar, con efecto inmediato, las bajas de los hombres y mujeres que se entraron en un programa especial para inmigrantes.
No estuvo claro cuántos soldados se vieron afectados por la medida y el Pentágono no respondió a las peticiones para realizar comentarios. “A partir de este momento, se suspende el procesamiento de todas las bajas involuntarias”, según el memo firmado por el subsecretario del ejército para asuntos de personal y reservistas, Marshall Williams.
Con anterioridad, decenas de reclutas inmigrantes recibían la baja o la cancelación de sus contratos. Algunos dijeron que no se les explicó el motivo. A otros, el ejército les dijo que los consideraba un riesgo para la seguridad porque tenían familiares en el exterior o porque el Departamento de Defensa había investigado sus antecedentes.
 A principios de julio, el Pentágono dijo que no había cambios en las directivas y que continuaban las averiguaciones de antecedentes. Y a mediados de julio, el ejército anuló una baja, la del reservista brasileño Lucas Calixto (28), que había recurrido a la Justicia. Los abogados presentaron una demanda colectiva la semana pasada para proteger a un grupo más amplio de reservistas y reclutas, exigir la revocación de las bajas y detener las bajas futuras. 
Una orden judicial que toma como referencia el referido memo pidió al ejército que aclare cómo afecta a la baja de Calixto y otros demandantes la nueva orden. 

Operativos contra empresas

Las autoridades federales realizaron un mega operativo en empresas de Nebraska y Minnesota que, según agentes de inmigración, contrataron a sabiendas y maltrataron a inmigrantes que viven en Estados Unidos de manera ilegal. La rama investigadora del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) dirigió el operativo en el que se allanaron una docena de negocios y plantas. Lo previo derivó en el arresto de catorce propietarios y gerentes, así como más de 130 empleados. La mayoría de los arrestos se llevaron a cabo en el norte de Nebraska y el sur de Minnesota. Varios de los negocios se ubican en O´Neill, Nebraska, un poblado de unos 3.000 habitantes a unos 260 kilómetros al noroeste de Omaha. Las autoridades dijeron que aún buscan detener a tres dueños o gerentes.


Se enfrentan jueces con el Departamento de Justicia

La remoción de un magistrado  de su juzgado, aparentemente porque demoraba las órdenes de deportación, planteó un fuerte enfrentamiento entre el gobierno y los jueces de inmigración, que acusaron al Departamento de Justicia y a su titular, Jeff Sessions, de socavar la independencia de esos tribunales.
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, el gremio de estos juristas, pidió a la Oficina Ejecutiva para la Revisión de los Casos de Inmigración, órgano del Departamento de Justicia, que declare por escrito que no va a interferir con “la autoridad de tomar decisiones de los jueces ni a reasignar los casos”.  
Voceros del sindicato dijeron que había casos que fueron reasignados sólo para conseguir los resultados deseados por el gobierno nacional. “La independencia en las decisiones de los jueces de inmigración está en jaque”, declaró la jueza de Los Ángeles  Ashley Tabaddor en su condición de presidente del sindicato de jueces.    
“Si se permite que esto persista, el departamento puede sencillamente elegir los juzgados donde puede conseguir los resultados que desea”, agregó. 

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