La inhibición de un juez derivó en la suspensión del juicio contra Ovando - El Territorio Misiones

La inhibición de un juez derivó en la suspensión del juicio contra Ovando

Miércoles 23 de septiembre de 2020 | 04:00hs.
Jorge Posdeley

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

Cuando por fin había llegado el momento del juicio y el desarrollo del proceso acaparaba la atención de todos, la inhibición de un juez derivó en la suspensión del debate y, por lo tanto, María Ramona Ovando (44) y sus dos consortes de causa, Marcos Iván Laurindo (23) y Lucas Sebastián Ferreira (23), deberán continuar a la espera de una determinación de la Justicia.

La novedad se conoció ayer a la mañana, en el marco de la segunda jornada del debate oral que había comenzado apenas un día antes y cinco años después de la denuncia que volvió a poner a Ovando bajo la lupa de la Justicia, esta vez acusada por consentir abusos sexuales a una hija y una nieta por parte de los dos jóvenes imputados.

Tal como estaba previsto, las partes volvieron a encontrarse ayer en la sala de debates del Tribunal Penal de Eldorado, donde los magistrados encargados de llevar adelante el proceso debían resolver los diferentes pedidos presentados en la primera audiencia tanto por la fiscalía como por las defensas.

En esa instancia se conoció un pedido de apartamiento formulado por el propio presidente del tribunal, Ángel Atilio León, quien al momento de votar respecto a los pedidos de nulidades planteados previamente esgrimió consideraciones similares a la defensa de los muchachos imputados y consideró que eso podía poner el riesgo su principio de imparcialidad.

La situación fue puesta bajo análisis de las magistradas vocales del mismo tribunal, Lyda Inés Gallardo y María Teresa Ramos, quienes finalmente dieron lugar al pedido de inhibición de León y ello obligó a la suspensión del debate dado que ahora habrá que buscar un nuevo juez que asuma ese lugar en carácter de subrogante.

El planteo que terminó siendo determinante había sido expuesto el lunes por el abogado Rodrigo Torres Muruat, defensor oficial de los imputados Laurindo y Ferreira, quien había solicitado la nulidad del proceso al considerar que en el requerimiento de elevación a juicio no se habían cumplido con los requisitos mínimos de la acusación, principalmente en cuestiones vinculadas a la determinación de tiempo y lugar de los hechos endilgados a sus defendidos.

“Es muy grave todo”
Ese pedido, a su vez, fue acompañado y reforzado también por la defensa de Ovando, encabezada por los letrados José Luis Fuentes, Roxana Rivas y Eduardo Paredes.

“Nosotros acompañamos y reforzamos ese pedido porque básicamente no hay elementos en ese requerimiento de elevación a juicio que sostenga la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa porque no está determinado uno de los elementos que es el tiempo. La imputación tiene que tener un tiempo, un lugar y un modo de cómo se hizo. Todo eso no está determinado”, explicó más tarde Fuentes en diálogo con El Territorio.

Y agregó: “Hoy -por ayer- tenían que resolverlo y el doctor León en cierta manera adelanta que compartía esa visión de la defensa, pero que no había acuerdo en el tribunal entonces adelanta esa resolución que era en disidencia con los vocales y decide inhibierse de continuar en el juicio en el tribunal. Ante eso se suspende el juicio y se tiene que conformar un nuevo tribunal, con todo lo que eso puede implicar”.

La declaración de la inhibición de León y la suspensión del debate trae aparejado a su vez un nuevo aletargamiento de la causa que ya lleva cinco años sin resolución, período de tiempo que tanto Laurindo como Ferreira llevan tras las rejas, superando los plazos previstos por la prisión preventiva.

Esta es una de las situaciones clave a resolver previo a la formulación de un nuevo tribunal y a la programación de una nueva fecha para el inicio de otro juicio. En este contexto, según pudo averiguar El Territorio, se estima que en la mañana de hoy la defensa de los dos imputados presente un pedido de excarcelación que deberá ser analizado.

El letrado Fuentes también se refirió a esta situación al momento de ser consultado por el futuro inmediato del proceso y, en ese contexto, expresó que “la verdad, no sabemos. Los tiempos de la Justicia misionera a veces son tiempos récord y a veces son cinco años, como estos chicos que están con prisión preventiva. No tenemos una claridad de cómo va a seguir esto, no depende de nosotros. Pero sí hay un agravio muy grande para las dos personas que están detenidas. Tanto la defensa de ellos, como nosotros veíamos que no había elementos como para sostener la culpabilidad de nadie. Nosotros estábamos convencidos que llegábamos al fin de semana sin condenas y con absoluciones”.

Además, el letrado cuestionó otro importante punto que ataca la instrucción de la causa y es que de acuerdo a su análisis entienden que al momento de los presuntos hechos tanto Laurindo como Ferreira eran menores de edad.

“Nosotros no somos la defensa de los chicos, pero después de ver todo esto tenemos el deber moral de señalarlo. Estos chicos en el período que establece el requerimiento de elevación a juicio que tuvieron que haber sucedido los hechos eran menores y al ser menores ellos tienen que estar considerados con la ley penal que ampara la minoridad, con otro tipo de garantías aún mayores. Es muy grave todo”, señaló.

Causa y acusaciones
En la causa que había comenzado a ventilarse en debate tuvo la intervención de distintos jueces de instrucción, de los cuales muchos de ellos también terminaron inhibiéndose por distintos motivos, mientras en representación de la fiscalía intervino Bibiana María Alderice.

En su, ahora cuestionado y debatido requerimiento de elevación a juicio, la fiscal Alderice había sindicado a Laurindo por abusar de la nieta de Ovando -la mayor de las víctimas- en reiteradas ocasiones, mientras que manoseaba sistemáticamente a la otra víctima.

Por su parte, Ferreira había sido apuntado por abusos cometidos en perjuicio de la mayor de las víctimas, en tanto que a Ovando la acusó por encubrir estos hechos.

A estas acusaciones, además, el fiscal de debate, Federico Rodríguez, había solicitado en la jornada del lunes agregarle el delito de corrupción de menores, lo cual no implicaba una expectativa de pena mayor, pero sí aumentaba el mínimo a recibir ante una posible condena.

Desde el inicio del expediente la mujer recibe el acompañamiento de diversos colectivos y militantes de derechos humanos que apuntan que consideran que Ovando nuevamente está siendo criminalizada por ser mujer y pobre, al tiempo que acusan que esto se trata de una “causa revancha” por el juicio de 2012, cuando fue absuelta por la muerte de una hija. 

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