La paradoja de la Sade

Lunes 6 de agosto de 2018 | 13:00hs.
Hace 42 años, en marzo del 76, por invitación de Videla, cuatro escritores lo visitaron en la Casa Rosada. El entonces presidente de la Sade, Horacio Ratti, concurrió con Borges, Sábato y Castellani. La aceptación resultó una pesadísima carga en sus trayectorias. En setiembre, Borges fue condecorado por su obra literaria en Chile y su visita (eran tiempos de Pinochet) le valió perderse el Nobel de Literatura. La Academia sueca fue coherente.

Sin embargo, Borges y Sábato apoyaron con sus firmas la primera solicitada que publicaron las Madres de Plaza de Mayo (1980). En 1984 Sábato fue el alma mater del Nunca Más.

Hoy, en Misiones
Hace un mes y medio, el escritor Marcelo Moreyra recibió un premio literario, pero debe devolverlo.

No porque se hayan detectado en su libros (Distancias, Gritos en el viento, La cárcel, De espadas y duendes, Un son para Yolanda) plagios o nulas menciones en contra de la represión y métodos de la dictadura videleana; la causa por la que se le exige la devolución es más importante aún que el camino recorrido por el escritor de Iguazú (se lee en el diploma: “por su extensa labor literaria, engrandeciendo y exaltando los dones de la cultura de la provincia y de la región”), cuestiones que seguramente ponderó el jurado.

Se les escapó un detalle: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos convalidó en 2013 que su nombre y número de documento se corresponden con los que aparecen en una Lista que registra a Marcelo Ramón Santo Moreyra en la categoría de informante (colaboracionista), condición que el término “buchón” define vulgarmente, y “pyragüé” a nivel local.

El valiente reclamo por ese grave detalle (ventilado hace 45 días por el escritor Pablo Camogli) generó reacciones dispares: lógica negación inicial por parte del imputado; renuncias inmediatas de escritores afiliados a la Sadem en adhesión al reclamo; apoyo con cuentagotas a la impugnación, de voces que suelen invocar derechos humanos; silenzio stampa por parte de muchos escritores misioneros, como si se hubiesen conjurado en una novedosa huelga de libertad de expresión; creciente incertidumbre en la sociedad, por el tiempo transcurrido, y una llamativa subestimación por parte de los altos mandos provinciales, que también participaron alentando el cuestionado acto de entrega el 22 de junio pasado.

Voces
En Misiones, la ministra de Derechos Humanos, Lilia Marchesini fue cáustica, sostuvo que Moreyra “no puede negar la realidad y esa realidad es que fue parte de la dictadura.

Creo que como sociedad civil, después de 40 años de democracia, todavía tenemos que tener en cuenta que estos personajes siguen existiendo, aun siguen estando personas que fueron parte de la dictadura, desde diferentes roles, no solo aquellos que tenían botas”.

Desde Buenos Aires no tardó en alzarse otra voz institucional: la Sade nacional (Alejandro Vaccaro) ordenó a la filial misionera (Aníbal Silvero) que se le quite el premio a Moreyra.

En su momento expresó en nombre de los miles de escritores que representa de todo el país “hemos tomado conocimiento a través de varios medios de difusión y organismos de Derechos Humanos de un generalizado repudio al haber sido otorgada una distinción al señor Moreyra quien se encuentra sospechado de haber participado durante la dictadura militar en acciones realizadas por el batallón 601” solicitando que Silvero tome medidas en el asunto y gire las acciones al Tribunal de Disciplina.

Nuestra filial venía dándole vueltas al asunto entre justificaciones, premio en suspenso, asambleas suspendidas, y bloopers verbales (“La cuestión a dirimir sería: esta duda de delito ¿inhibiría su premio por trayectoria literaria? Tal vez sí, tal vez no” y “No podemos anteponer lo ideológico a lo institucional”) que a esta altura resultan reacciones asociadas a una excesiva subordinación corporativa por encima de toda ideología personal.

También pagó el pato; muchos escritores renunciaron a la Sadem y la propia renuncia de Silvero sobrevoló la polémica; para muchos afiliados, manifestó tener “cero compromiso con la justicia, con la libertad y el coraje, que tanto exalta en sus libretas.

No dijo una sola palabra sobre el tema de fondo”. Por esa expresa petición superior, no antes, la Sadem resolvió bajo la forma de una metáfora, suspender provisoriamente “su adhesión institucional al premio oportunamente entregado a Moreyra”, todo supeditado al esclarecimiento de la participación suya, o no, como Personal Civil de Inteligencia durante 1976 a 1983.

La paradoja
Así, el affaire -que se despierta de su letargo- sugiere una paradoja: “Si la Sade (y la Sadem) le ha suspendido el premio es porque reconoce el pasado de Moreyra. Esto significa: negar formalmente que por su extensa labor literaria, Moreyra “haya engrandecido y exaltado los dones de la cultura de la provincia y de la región” quitándole adhesión al voto (unánime) del jurado misionero, cuyos integrantes se desconocen.

Hasta aquí apenas una “interna” entre escritores. Pero no avanza la Sadem. No investiga, por ejemplo, a quién reportaba Moreyra en Iguazú, ni los nombres de las víctimas ni los de los núcleos sociales infiltrados; no exige la declaración de testigos, ni mueve fiscales.

Ergo, sin actuar en lo realmente trascendente, la devolución del premio pasa a ser una nimiedad soporífera. Típico caso de cuando una sanción superficial se convierte en galardón: su presunción de inocencia.

Otra apostilla del mundo de la literatura. Quizá se conozcan las respuestas esenciales en el preciso momento en que Moreyra devuelva el vapuleado diploma y la estatuilla de Andresito, si es que no los manda por encomienda.

El escritor, mientras tanto, ha desilusionado a sus amigos, lectores y editores, que prorrogan una vez más, en espera de su descargo, el desenlace del affaire

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