Suicidio de Alan García desató el debate sobre la corrupción

Viernes 19 de abril de 2019
García se disparó en la cabeza. | Foto: AP
El suicido del ex presidente Alan García inició discusiones en Perú. La televisión y los periódicos se preguntan: ¿cuál será el precio de combatir la corrupción? Todos menos dos de los ex mandatarios vivos del país están sospechados de participar en el mayor caso de corrupción de América Latina en el que el gigante brasileño de la construcción Odebrecht admitió haber pagado 800 millones de dólares a políticos de toda la región a cambio de jugosos contratos de obras públicas.
La masiva investigación anticorrupción sacude especialmente a Perú, que ha ido más allá que cualquier otra nación fuera de Brasil al señalar a casi todos sus políticos de alto rango como sospechosos de recibir sobornos.
La corrupción es endémica en el país sudamericano, donde un juez de la Corte Suprema fue descubierto en una escucha telefónica cuando negociaba la sentencia de un hombre acusado de violar a una niña. Muchos descargan su indignación contra la élite política cuando ven a líderes poderosos con años de sospechas sobre sus hombros con esposas alrededor de sus muñecas. Pero pese a ello el suicidio de García provocó un escrutinio sobre cómo se están llevando los casos y en particular sobre las detenciones preventivas. Cuando la policía llegó a la casa de García el miércoles con una orden de arresto por diez días en relación con el caso Odebrecht, en el que era sospechoso pero aún no había sido acusado formalmente, el ex presidente pidió un minuto para llamar a su abogado y se disparó en la cabeza en el interior de su dormitorio.
Ahora algunos se preguntan si es un país donde la corrupción ha quedado impune durante mucho tiempo los fiscales se han vuelto entusiastas en extremo al poner a su élite política tras las rejas incluso antes de que haya condena. “Está bien la lucha contra la corrupción”, opinó un presentador de la televisión peruana mientras las imágenes de la carroza fúnebre de García brillaban en la pantalla. Fiscales y defensores de la lucha contra la corrupción afirman que la detención preventiva es una medida necesaria en el caso de líderes poderosos con acceso a grandes recursos que podrían ayudarlos a huir del país u obstruir la justicia. Los críticos dicen que los fiscales no siempre tienen justificación para ponerlos tras las rejas antes de presentar cargos.
En América Latina es común que los prisioneros, incluso los acusados de delitos menores, sean retenidos durante meses o años antes de que se presenten cargos en su contra o se inicie un juicio.
Es un tema contra el que los abogados de derechos humanos han clamado durante años y que ahora está recibiendo más atención debido a que los ex presidentes o líderes políticos de alto perfil se encuentran en una posición similar.
García habría sido sólo uno más en una serie de líderes de alto perfil a los que se les ordenó la prisión preventiva en el marco de investigaciones ligadas al escándalo de corrupción de Odebrecht. El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski(80) está detenido en relación con la investigación al igual que la líder opositora Keiko Fujimori. El ex presidente Ollanta Humala y su esposa también estuvieron bajo arresto durante meses sin cargos formales hasta que el Tribunal Constitucional peruano dictaminó que debían ser liberados.
En virtud de la ley peruana, los sospechosos de delitos con una pena superior a los cuatro años de prisión pueden ser retenidos de manera preventiva si existen pruebas que sugieran que podrían huir del país u obstaculizar el curso de una investigación judicial. De todos los ex mandatarios peruanos vinculados al caso Odebrecht el de García puede haber sido uno de los más claros.
Cuatros meses atrás intentó buscar asilo en la Embajada de Uruguay pero su pedido fue rechazado. Eso puede haber sido motivo suficiente para sugerir que podría intentar huir. Otros casos como el de Kuczynski son más ambiguos. “Tiene 80 años, ¿a dónde va a ir?” se preguntó el letrado Carlos Caro. García lideró dos veces la nación y fue vilipendiado por muchos peruanos mientras era adorado por otros que en su apogeo lo llamaban el John F. Kennedy local. De acuerdo con la Fiscalía habría aceptado sobornos de Odebrecht durante la construcción del metro de Lima. El ex mandatario sostuvo su inocencia y la noche previa a su suicidio dijo que la historia lo favorecería. “Pasarán los años y lo entenderán. Yo confío en la historia”, adujo. Los que critican el uso de la detención preventiva en casos de corrupción dicen que los fiscales están buscando aprobación pública.

Evidencias y errores
Las imágenes de agentes de policía escoltando a un ex presidente a la cárcel son poderosas en un país donde la gente está acostumbrada a ver en la impunidad a los líderes sospechosos de haber cometido algún delito. Pero también es muy perjudicial para los implicados que aún no han sido acusados. “Me parece que tienen mucha evidencia en las manos”, comentó José Ugaz, ex jefe de Transparencia Internacional que ahora es abogado de la secretaria de Kuczynski. “Pero efectivamente como suele ocurrir en investigaciones complejas, han cometido algunos errores”, agregó.
Otros, como el jurista Ernesto de la Jara, sostienen que los casos de políticos y líderes empresariales que a menudo tienen acceso a recursos como cuentas en el extranjero merecen medidas más estrictas que las que se aplican a los delincuentes comunes.
“Otra cosa es evaluar los presupuestos de la prisión preventiva cuando uno está enfrentando al crimen organizado donde lo que hay son ex presidentes, congresistas, ex ministros”, reflexionó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación en un informe de 2017 sobre la legislación peruana que permite la detención preventiva por hasta 36 meses en el caso de funcionarios públicos sospechados de corrupción y crimen organizado.

El Territorio no tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite.

El Territorio se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina